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CNDH y PUEC presentaron Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos

Los sismos evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que garanticen que las medidas tengan desde sus primeros momentos una perspectiva de derechos humanos.

Al encabezar la Presentación del Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre los derrumbes provocados por los recientes sismos en que muchas personas perdieron la vida, resultaron lesionadas o vieron afectado su patrimonio, pero se investiga que la omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley en este ámbito, no sólo afectaron la seguridad y patrimonio de las personas, sino también cobraron vidas.

Durante el acto llevado a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, estuvieron presentes Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, Francisco David Velasco Carpio en representación de Fausto Lugo García, director de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de la CNDH.

González Pérez aseguró que las construcciones en nuestro país deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas. No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana. Añadió que, si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, debe cuestionarse cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles si se hubiese actuado con responsabilidad y conciencia, si se hubiese observado y aplicado debidamente la normatividad existente en la materia y se hubiese contado con una sólida base cultural de prevención.

Explicó que los sismos recientes evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que garanticen, en mejor forma, que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales como los referidos, tengan desde sus primeros momentos una perspectiva de derechos humanos, con el fin de propiciar que las acciones que se emprendan para prevenir, contrarrestar y remediar sus efectos, asuman como premisa básica e irrenunciable el reconocimiento y respeto de la dignidad humana.

Asimismo, el Ombudsman nacional subrayó la necesidad de revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades del país, para reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión acerca de su aplicación. Ver la protección civil como un ámbito meramente técnico o administrativo es una concepción que debe eliminarse, ya que la forma en que las autoridades den una respuesta real y efectiva a los requerimientos de la sociedad ante la inminencia o consumación de un desastre, incide directamente en la vida e integridad, física y patrimonial, de las personas, así como en la vigencia o vulneración de sus derechos humanos.

Apuntó que los esfuerzos y acciones ante los desastres no deben ser reactivas, por lo cual se requiere consolidar un sistema con sustento en una norma clara y pertinente, tener instituciones fuertes y una cultura general de prevención de desastres que involucre a autoridades y sociedad para actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos que se presenten. Insistió en la necesidad de incluir en esos programas a la población indígena y recordó que a la fecha la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo.

El Dr. Javier Delgado Campos, director del PUEC UNAM, invitó a reflexionar sobre qué ciudad y qué país estamos construyendo, a pesar de que tenemos 45 años de planificación urbana y 11 años del programa de ordenación de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Mencionó que en la actualidad tenemos conocimiento de que hay tres capas de subsuelo en la cuenca de México, pero que no se ha traducido en normas específicas de zonificación de la ciudad para incorporar ese aspecto de riesgo en la normatividad de las construcciones.
Afirmó que en los medios se ha hablado del mercado inmobiliario y que sabemos tienen alguna responsabilidad en muchas de las afectaciones. Esta ciudad no está planificada bajo los lineamientos de los programas de desarrollo urbano, está conducida por una lógica de mercado que nos lleva a que ninguna de estas intervenciones del gran capital inmobiliario haya sido afectada.

Planteó que es paradójico que los sismos hayan afectado la zona metropolitana, la que tiene los mejores datos socioeconómicos y buenas medidas de prevención, así como también la región sureste del país, la zona más pobre y que no cuenta con reglamentos rigurosos y tiene menos instrumentos de prevención y atención en casos de desastre. Estos dos ejemplos polarizados tan excluyentes nos muestran en qué país estamos.

El Dr. Delgado planteó la pertinencia del enfoque de derechos humanos y prevención del riesgo en el estudio presentado y agradeció al Ombudsman la oportunidad que brindó la CNDH al PUEC para contribuir en la mejor comprensión de estos procesos y buscar alternativas.

Finalmente, el Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, responsable de la investigación, presentó el Estudio ante la audiencia.

 

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