El derecho a la ciudad implica concebir las ciudades como bienes comunes; es decir, que todas y todos los habitantes deberían tener la capacidad de acceder y disfrutar, en igualdad de condiciones, de los recursos urbanos, los servicios, los bienes y las oportunidades de vida en la ciudad, así como a participar en la construcción de la ciudad o los asentamientos humanos.

Aunque el concepto de "derecho a la ciudad" ha ganado reconocimiento en diversas legislaciones locales y en discursos internacionales sobre urbanización y derechos humanos, su integración en el marco constitucional mexicano permanece pendiente. Este vacío legal representa un obstáculo significativo para la creación de políticas públicas integrales que puedan abordar los complejos desafíos de la urbanización, tales como la segregación espacial, el acceso desigual a servicios básicos, y la participación ciudadana en la toma de decisiones urbanas.

La insuficiencia de una base jurídica sólida para el derecho a la ciudad limita no solo la implementación de estrategias de desarrollo urbano inclusivo y sostenible sino también la efectividad de la administración pública en su capacidad para promover la justicia social y espacial. La consecuencia es una brecha creciente entre las necesidades de la población urbana y la capacidad de las instituciones para responder a estas demandas, exacerbando las condiciones de inequidad y vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad.

Este contexto plantea la necesidad urgente de revisar y reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir explícitamente el derecho a la ciudad, estableciendo así un marco legal que empodere a las autoridades locales y federales para implementar políticas públicas efectivas en el ámbito urbano. La incorporación de este derecho en la constitución no solo simbolizaría un compromiso formal con el desarrollo urbano sostenible y la justicia social sino que también proporcionaría las bases legales necesarias para una gestión urbana más democrática y participativa, en la que los ciudadanos tengan un papel activo en la configuración de sus ciudades.

En consecuencia, esta investigación busca explorar las implicaciones de la falta de reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad en México, analizando cómo esta omisión afecta la formulación e implementación de políticas públicas urbanas. A través de un estudio comparativo con países que han integrado este derecho en sus constituciones, se pretende identificar lecciones y prácticas que puedan ser aplicables al contexto mexicano, con el objetivo final de proponer una ruta clara hacia la reforma constitucional que garantice el derecho a la ciudad para todos los habitantes del país.