• La comunidad de la diversidad sexual padece discriminación y no solo se les dificulta acceder a la vivienda, sino además habitar en los espacios.
• Replantear la lucha del derecho a la vivienda de la población sexogenérica es una tarea pendiente ahora que se han ganado otros derechos.

24 de junio de 2022. En México existe una falta de acceso a la vivienda digna para toda la población, sin embargo, en el caso de la comunidad de la diversidad sexual se suman otras vulnerabilidades que dificultan aún más su acceso a la vivienda. La imposibilidad de esta población de acceder a otros derechos humanos complica su acceso a la vivienda, precisó Mariana Sánchez, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM.

En el marco del Seminario Ciudad habitable para todas y todos que organiza el PUEC y de las actividades por el mes del Orgullo PUMA en la UNAM, se llevó a cabo el panel El derecho a la vivienda para la población LGBTIQ+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, Queer y más).

Mariana Sánchez, quien coordina el seminario, indicó que en el ámbito académico el tema de acceso a la vivienda en las minorías sexuales ha sido poco explorado y existe escasa literatura y estudios en español que den cuenta del problema, debido en parte por la invisibilización de este grupo de la población.

La Mtra. Carla Luisa Escoffié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, señaló que, si bien el derecho a la vivienda es para todos, para poder garantizarlo en condiciones de equidad hay que ver las diferencias de distintos grupos y sectores, así como las problemáticas diferenciadas.

Estudios en otros países muestran que entre 20 y 40 por ciento de personas en situación de calle pertenecen a esta comunidad y de elles, más del 80 por ciento fueron expulsados de sus hogares o huyeron para garantizar su integridad.

La experta en vivienda precisó que “las personas LGBTIQ+ padecen varios obstáculos para acceder a una vivienda y para vivir en las ciudades. Sufren discriminación y no solo se les dificulta acceder a la vivienda, sino además habitar en esos espacios”.

Las personas trans son un grupo particularmente precarizado y excluido dentro del propio marco de la comunidad de la diversidad y la disidencia sexogenérica, un gran número de elles viven en hoteles y huyen a temprana edad de sus casas a causa de la violencia que sufren.

“La población LGBTIQ+ está viendo avances importantes en materia del reconocimiento del matrimonio igualitario y de la identidad de género de las personas trans y no binarias, pero por muchos años el movimiento se centró en esos horizontes y ahora que ya se están alcanzando en varios espacios, pareciera que no quedan más”. Replantear el horizonte político del derecho a la vivienda en esta población es una tarea pendiente, subrayó.

En la actualidad es necesario hablar de derechos económicos, sociales y culturales de la comunidad de las minorías sexuales, precisó Escoffié. Hay que hacer visible el tema en la agenda, posicionarlo, visibilizarlo, y la comunidad de la diversidad debe promoverlo aún más.

En México existen tres conceptos distintos que se disputan el “derecho a la vivienda” y esta incomprensión conceptual es conveniente para grupos antiderechos y mina el diálogo y la posibilidad de abordar soluciones y propuestas.

Aclaró que está el derecho a la vivienda entendido como derecho a la propiedad; el otro enfoque es la posibilidad de contar con créditos accesibles para que los trabajadores formales puedan adquirir una casa; y finalmente, el de igualdad estructural que parte de que “el derecho a la vivienda es el derecho de todas las personas a evitar una situación de calle y contar con un espacio donde puedan habitar y ejercer los derechos humanos”. Puede ser a través de distintas modalidades: créditos, propiedad, arrendamiento, cooperativas de vivienda, refugios temporales, adecuación legislativa, supresión de normas.

La falta de reconocimiento de matrimonio igualitario en varias entidades de la República venia emparejado con la obstrucción de acceso a la vivienda a través de créditos. En años recientes el Infonavit ya permite la unión de puntos entre personas LGBTIQ+, independientemente de si están casadas o no, y eso subsanó la falta de reconocimiento de matrimonio igualitario en varios estados, sin embargo, es una medida administrativa que puede cambiar ya que no está en la legislación.

Guido Astolfi, de Casa Frida, dijo que este es un refugio en la Ciudad de México que brinda rescate, alojamiento, cuidado y atención a la salud integral de personas LGBTIQ+ que huyen de extremas violencias, que son perseguidas y desplazadas, que migran o que son expulsados de sus hogares por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

De acuerdo al estudio World Habitat Report 2018-2019 realizado en Reino Unido, alrededor de 30 por ciento de la población sin hogar en las zonas urbanas es LGBTIQ+. Asimismo, 25 por ciento de las personas trans encuestadas han sufrido sinhogarismo en algún punto de sus vidas; 24 por ciento de las personas sin hogar menores de 25 años pertenecen a este sector de la población y a la mitad de esta comunidad de mayor edad les preocupa revelar su orientación sexual a los servicios de vivienda.

Si bien, antes de la pandemia ya sufrían rechazo, indiferencia y negación de derechos, con la emergencia sanitaria se agravó y padecieron mayor expulsión por su condición; así como desempleo y desplazamiento forzado. Casa Frida abrió sus puertas en mayo de 2020 y hasta la fecha ha atendido 659 usuaries, principalmente de México, pero también de Centroamérica.

Astolfi señaló que el Estado ha abandonado la tarea de garantizar el derecho a la vivienda digna para esta población y por ello Casa Frida realiza esta labor. “Es necesario exigirle que garantice el derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad”, así como el diseño de políticas públicas que atiendan la interseccionalidad para resolver la discriminación hacia este sector.

El Mtro. Octavio Mandujano, fundador de la primera cooperativa de vivienda de población LGBTIQ+ de México y la segunda en su tipo en América Latina, precisó que la discriminación para acceder a la vivienda es un problema grave. De acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, (ENDOSIG) que realiza el CONAPRED, 90.3 por ciento de las personas LGBTIQ+ tuvo que ocultar su orientación sexual o identidad de género.

El también miembro de la Cooperativa de Vivienda Xochiquetzalli, precisó que esta población sufre discriminación por parte de servidores públicos cuando tratan de acceder a su derecho a la vivienda; a parejas del mismo sexo se les niega la renta de viviendas, son desalojadas o son víctimas de acoso por parte de vecinos, principalmente si viven en pareja o son trans, siendo obligadas a mudarse.

En Ciudad de México hasta el 2019 la comunidad sexogenérica no tenía garantizado el acceso igualitario al derecho a una vivienda digna, decorosa y libre de discriminación, y a nivel federal, hasta el 2021 el Infonavit refrendó el derecho a la vivienda para personas de la diversidad.