Ciudad de México, 5 de octubre de 2022. Coinciden los y las especialistas en que la política habitacional en Latinoamérica ha estado dedicada principalmente a la construcción masiva de vivienda en la periferia de las ciudades, donde el Estado ha pasado de un papel de constructor a facilitador.

“La producción privada condujo a mercantilizar la vivienda para los grupos de bajos recursos”, externó la Dra. Carolina Pedrotti, investigadora de El Colegio Mexiquense.

Durante el panel de expertos y expertas Reflexiones sobre vivienda y ciudad en América Latina, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), en el marco de la 5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales que convoca anualmente el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), los y las especialistas expusieron la situación de la vivienda en las ciudades de Toluca, en el Estado de México; y Barrio Puerto, en Valparaíso, Chile y el caso de la política de vivienda de Argentina.

De acuerdo con una investigación de la Dra. Carolina Pedrotti, las nuevas periferias metropolitanas en la ciudad de Toluca, modificaron su paisaje “de urbanización popular, irregular y progresiva, a conjuntos habitacionales de todos los segmentos tipológicos”, durante la primera década de este siglo.

A consecuencia de la política habitacional implementada con enfoque facilitador, el Estado redujo sus responsabilidades en materia de bienes y servicios urbanos, delegando al sector privado desarrollador cubrir dichas necesidades, mercantilizando la producción urbana con viviendas de baja calidad residencial.

El tema central de la investigación estriba en cómo fue establecida una política de áreas periféricas “perdiendo su carácter público, social y urbano que define la razón de ser de toda política habitacional”.

Pedrotti enfatizó la necesidad de “regeneración urbana en los conjuntos, con una genuina transformación del tejido urbano edificado”. También subrayó que hace falta estudiar los distintos tipos de fenómenos asociados a la des habitación, y a la nueva habitación de las viviendas abandonadas.

Por su parte, el Dr. Tomás Alejandro Guevara, de la Universidad Nacional de Río Negro, expresó que, actualmente “la intervención en materia habitacional sigue siendo completamente desfasada e insuficiente en relación a la magnitud del déficit habitacional que presenta Argentina”.

El especialista recordó que entre el 2002 y 2015, el gobierno argentino manifestó su rol preponderante en materia de política habitacional, tras su retirada en la década de 1990. Su política se basó en reactivar el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y poner en marcha los Planes Federales de Vivienda.

En 2012 el Programa de Créditos de la Argentina cambió la lógica vigente desde los años setenta y pasó del subsidio a la oferta al subsidio directo a la demanda.

De 2016 al 2019 retomó el enfoque de la década de los noventa y retomó el subsidio a la demanda con la creación de la línea de créditos hipotecarios, pasando de Estado constructor a un Estado facilitador de las soluciones de mercado, consolidando la financiarización de la política de vivienda. La inversión del Estado se destinó a la construcción de vivienda a través del subsidio a la oferta, delegando a las empresas constructoras la disponibilidad de suelo urbano, originando periferia urbana y una marcada segregación.

Previo a la pandemia, la situación habitacional en Argentina ya era compleja: 55 por ciento de los hogares estaba en situación de déficit habitacional de algún tipo, donde las villas y asentamientos informales -más de cinco mil 600 barrios populares- eran los más afectados.

Asimismo, la vivienda en alquiler en Argentina ha crecido en las últimas décadas. También la modificación en la dinámica demográfica representa un desafío para el sistema institucional de vivienda al acelerarse el crecimiento de los hogares unipersonales con respecto a la población total.

Durante la pandemia y con el nuevo gobierno, se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para integrar las distintas políticas de este sector con el objetivo de reducir el déficit habitacional. De esta manera, el gobierno se planteó el regreso del Estado constructor como orientación de la política de hábitat.

Por su parte, la Mtra. Adriana Marín Toro, expuso el caso de Barrio Puerto, en la ciudad de Valparaíso, Chile, donde paradójicamente, la vivienda en arriendo ha aumentado 26.6 por ciento en Barrio Puerto, en un país donde se promueve esencialmente la vivienda en propiedad.

Además, la doctorante por la Universidad de Sao Paulo señaló la vulnerabilidad residencial de Barrio Puerto que se encuentra en abandono económico, humano, demográfico e institucional.

Al igual que en otras partes de América Latina, Chile estableció una política dedicada a la construcción habitacional masiva de en la periferia, con las problemáticas que ello conlleva.

El crecimiento del mercado en arriendo privado, se debe sobre todo al aumento del costo de la vivienda y la dificultad para acceder a créditos hipotecarios, así como las condiciones laborales desfavorables que impiden acceder a vivienda propia; por ello la vivienda en arriendo aparece como una alternativa para un sector significativo de la población. Estas condiciones que se presentan en Chile, son comunes en otras ciudades de América Latina.

La vivienda se sigue viendo como una mercancía, hay un activo financiero que funciona bajo la lógica de búsqueda de rentabilidad, no solo de la vivienda en propiedad, sino también de la vivienda en arriendo.

Existen nuevos modelos de inquilinización en diferentes grupos sociales. A diferencia de Estados Unidos y algunos países europeos que tienen una trayectoria habitacional vinculada al arriendo, en Latinoamérica está vinculada a la propiedad, ya sea formal o informal.