Ciudad de México, 12 de junio de 2023. La presencia de vivienda deshabitada es muestra del fracaso de la política habitacional en el país y cada una de estas viviendas representa a una familia desposeída de su patrimonio, afirmó la doctora en urbanismo Marina Contreras Salgado, docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En 2010 las instituciones reconocieron que había 5 millones de viviendas deshabitadas en México, y a pesar de los intentos por transformar la política habitacional, para el año 2020 aumentó a 6 millones, así lo aseveró la académica durante su conferencia “Radiografía de la vivienda deshabitada en México”, como parte del curso Expansión y cambios metropolitanos: un debate ininterrumpido, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, existen 35.3 millones de Viviendas Particulares Habitadas (VivPH) en el país, sin embargo, estas estadísticas excluyen a los 6.15 millones de viviendas deshabitadas registradas también en el censo de 2020 sin hacer referencia a qué pasa con estas.

El INEGI considera deshabitada a aquella vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, tampoco es de uso temporal, y se distingue de la que es de uso vacacional, además no es utilizada como local con una actividad económica.

La experta hizo la diferenciación con vivienda abandonada, aquella adquirida a través de un crédito que estuvo en cartera vencida y donde el deudor perdió el crédito y por ende la vivienda.

“La fuerte presencia de vivienda deshabitada en el país es una manifestación del fracaso de la política habitacional cuantitivista”, destacó la investigadora, y se ha convertido en un nuevo espacio social con el cual los habitantes del entorno tienen que convivir.

“Cada vivienda deshabitada representa a una familia desposeída de su patrimonio, en la cual, con el tiempo, el inmueble ha sufrido una serie de transformaciones que han impactado de forma diferenciada a los vecinos que continúan en el territorio, provocando degradación urbana”.

Las viviendas cuando ya no tienen residentes, se prestan, vandalizan, desmantelan, invaden o bloquean. Dichas prácticas son realizadas por los vecinos como formas de resistencia al deterioro de los entornos y de reconfiguración del espacio vivido.

En Tijuana y Ciudad Juárez, por ejemplo, la invasión se da principalmente por población migrante y de los sectores de la economía informal que no tienen manera de acceder a una vivienda propia. En los casos de Zumpango y Huehuetoca, se ha observado que existen intermediarios que especulan con la vivienda deshabitada, buscando personas que requieran un hogar y los acomodan como nuevos residentes invadiendo el inmueble.

Recientemente se ha identificado otra práctica conocida como “acumulación por desposesión”, donde pierden la titularidad de la vivienda que estaba en cartera vencida, es decir, “hay una desposesión de los mecanismos de acceso al crédito, además del inmueble mismo. Esta desposesión empobrece y descapitaliza a los mexicanos y a las personas que han perdido su propiedad”, añadió.

La Dra. Marina destacó que, el crédito no debe ser el mecanismo central en la política de vivienda, sino deben desarrollarse otras formas de acceso a una vivienda digna, estableciendo límites que no la coloquen como un producto económico, sino fundamentalmente como un derecho.

Desde el 2008 hay registro del desarrollo masivo de viviendas nuevas en el país, principalmente financiadas por el Infonavit, y al mismo tiempo, registro de viviendas en cartera vencida que derivan en desalojos, desahucios, rehabilitación, desmantelamiento y/o recuperación de vivienda.

Las ciudades con más viviendas recuperadas son aquellas que presentaron mayor desarrollo de vivienda masiva, tales como: Ciudad Juárez, Chihuahua; Tlajomulco, Jalisco; Altamira, Tamaulipas; Mexicali y Tijuana, Baja California.

El caso de Chihuahua muestra como la crisis económica y de seguridad de 2008 y 2013 en aquel estado coincide con la disminución en la construcción de viviendas nuevas y el aumento de créditos en cartera vencida. Estas pueden ser líneas para indagar otros territorios que han presentado desplazamiento forzado como Michoacán o Tamaulipas.

Existe una correlación entre el aumento de vivienda deshabitada en el país y una mayor cantidad de municipios que expulsan población en lugar de atraerla, de acuerdo a registros del 2000 y 2010 en los 2 mil 456 municipios, por lo que se debe estudiar el vínculo entre el fenómeno migratorio y sus manifestaciones en el territorio.

La política habitacional en su etapa de financiarización, que predomina desde hace dos décadas, ha colocado a los organismos estatales de vivienda en el papel de administradores de los ahorros de los trabajadores perdiendo su rol de garantes del derecho a la vivienda.

Este contexto ha derivado en la expansión de las periferias con la consecuente degradación urbana, resistencias por el derecho a la ciudad y las nuevas políticas de re-financiarización de las viviendas deshabitadas que las colocan como un insumo de mercado. Estos paisajes de degradación y deterioro urbano se pueden encontrar en Querétaro, Estado de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Jalisco, principalmente, pero son recurrentes en todo el país.

“La visión exclusivamente económica no ha propiciado un espacio seguro, habitable y garante de derechos, por lo que resulta apremiante el desarrollo de ciudades desde una perspectiva de derechos como eje rector”. Crear mecanismos que respeten el derecho a la ciudad.

Finalmente, concluyó que es responsabilidad del Estado planificar territorios justos y equitativos para todos los grupos de población, incluyendo a aquellas personas que no son activas de la economía.